RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
Perspectivas de futuro de la responsabilidad social
empresarial desde la óptica de las administraciones públicas, y privadas
Aunque en muchas ocasiones, los conceptos de
responsabilidad social empresarial (RSE) o corporativa (RSC) y desarrollo
sostenible, se utilizan de manera indistinta, y existe un acuerdo sobre la
cercana relación entre ambos términos, lo cierto es que son conceptos bastantes
distintos.
El desarrollo sostenible implica abordar factores económicos,
sociales y ambientales con objetivos a nivel global, como son la eliminación de
la pobreza, la consecución de la salud para todos, etc. La responsabilidad
social pone su centro de interés en la organización, en la empresa, no en el
mundo. Sin embargo, tiene un vínculo cercano con el desarrollo sostenible
debido a que el objetivo general de la responsabilidad social de una
organización debería ser contribuir al desarrollo sostenible.
Aquellas empresas que establecen la responsabilidad social
empresarial en sus estructuras son más sensibles en temas como el medio
ambiente, problemas sociales o económicos. Ellas pueden contribuir a la
búsqueda de un desarrollo basado en la sostenibilidad, satisfaciendo las
expectativas que los consumidores poseen sobre su actuación.
Cada día es mayor el empuje por la cultura de la responsabilidad
social de las empresas y por la generalización de su aplicación, tanto en las
grandes empresas multinacionales, como en las PYMES y en la propia
Administración Pública. Ello se debe a que la sociedad en general ahora exige
comportamientos éticos a las organizaciones que tan sólo hace unos años se
limitaban a planteamientos teóricos. La empresa como operador de mercado ha
tomado conciencia de la responsabilidad que tiene frente a sus grupos de
interés. Por ejemplo, atendiendo expectativas de los consumidores y
clientes, con productos socialmente responsables, o seleccionando proveedores,
a los que también se les exige criterios éticos en sus procesos productivos,
dando respuesta a los empleados que negocian un reparto equitativo de valor
añadido generado, y que exigen no perder su cuota de participación, o bien, el
establecimiento de condiciones de seguridad y de respeto al medio ambiente en
sus lugares de trabajo. Finalmente, teniendo en cuenta a los ciudadanos que
esperan de las compañías la asunción de un compromiso social, contribuyendo a
crear una sociedad más sostenible en su desarrollo.
De hecho, tanto las grandes empresas como las PYMES, van asumiendo
progresivamente responsabilidades dentro de la sociedad, con acciones que
trascienden más allá de su propia actividad económica con la finalidad de ser
legitimadas socialmente, es decir, perciben a una ciudadanía corporativa que es
capaz de castigar a aquellas empresas centradas únicamente en la obtención de
beneficios económicos y que dan la espalda a conductas éticas y socialmente
responsables desde el punto de vista medioambiental.
A esta situación han contribuido múltiples factores como la
globalización de la economía, la aparición de la conciencia medioambiental o recientemente
la crisis económica que estamos atravesando, índices todos ellos que revelan no
sólo una mayor transparencia en la información de la empresa mediante la
publicación de memorias de sostenibilidad sino la puesta en práctica de
acciones responsables que trascienden de la mera transparencia o información.
Uno de los asuntos más sobresalientes de la agenda de la Cumbre
Mundial sobre desarrollo sostenible de Johannesburgo 2002 fue, precisamente, la
responsabilidad social corporativa. El término que desarrollaremos más abajo,
se refiere a la adopción por parte de las empresas de políticas formales en los
ámbitos social, económico y medioambiental y la transparencia informativa sobre
los resultados obtenidos.
Origen y concepto de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE)
La responsabilidad social empresarial también conocida como
responsabilidad social corporativa constituye un concepto que no posee una
definición única porque depende del contexto en que se utilice. Sin embargo si
existen algunos puntos que aparecen mencionados en la mayoría de las
definiciones y los textos sobre esta cuestión (ISO 2004): es un concepto
voluntario y contempla actividades que van más allá de las obligaciones legales.
Con este término se busca dar respuesta y satisfacción a las
expectativas o demandas que la sociedad espera de las empresas. La RSE en
ningún caso se debe confundir con acciones filantrópicas casuales que no se
relacionan con los objetivos estratégicos de la organización ni tampoco como
una estrategia de marketing sino que se integra en la estructura de la empresa,
en todos los procesos y abarcando todas las decisiones que adopta. La RSE es
mucho que más que acción social; es medio ambiente, ética, transparencia,
desarrollo, integración, accesibilidad, e innovación social.
Entendemos por responsabilidad social empresarial, la filosofía
que asume voluntariamente una organización en su compromiso de contribuir hacia
el desarrollo sostenible y en el que se integran aspectos sociales,
medioambientales y económicos en sus estrategias y toma de decisiones.
La puesta en práctica por parte de las empresas requiere un
estudio detallado que debe formar parte de su plan estratégico y que
variará en función de múltiples parámetros, entre otros el sector en el
que desarrolle su actividad, el tamaño o las áreas geográficas en donde esté
operando. Es decir, la RSE significa una nueva forma de gestión en la empresa,
que forma parte de la estrategia del negocio y afecta a todo tipo de
organizaciones incluidas las PYMES, no obstante los mismos principios que se
aplican a las grandes empresas no tienen por que aplicarse a las PYMES.
Debe quedar claro que la RSE se opone a prácticas tales como la
“obsolescencia programada” seguida por muchas empresas que en los tiempos
actuales se definen como socialmente responsables y que denota la flagrante
contradicción entre ambos modelos empresariales.
La obsolescencia programada supone la planificación consciente por
parte del fabricante de un producto, de la vida útil del mismo de modo que
pierde funcionalidad, calidad o utilidad tras un período determinado por
motivos comerciales.
Para VALDÉS DE LA VEGA, concurren varios “detonantes” en la
aparición de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial que se encuentran
interactuando unos con otros. Así, se refiere a la imagen y reputación
empresarial (que compartimos plenamente, ya que una empresa socialmente
responsable proyecta una mejor valoración hacia el exterior que es percibida
por los consumidores) y de las presiones externas e internas. Como ejemplo de
las primeras cita a las ONG´s, presiones de los inversionistas y como ejemplo
de las segundas, las demandas de los trabajadores y de los comités de empresa.
Por otra parte, VIVES, afirma que la responsabilidad social
empresarial, consiste en:
"…prácticas de la corporación que, como parte de la
estrategia corporativa, en complementariedad y apoyo de las más importantes
actividades empresariales, busca evitar daño y promover el bienestar de
"stakeholders" (clientes, proveedores, empleados, fuentes
financieras, la comunidad, el gobierno y el medio ambiente); a través de cumplir
con reglas, regulaciones y voluntariamente ir más allá de ellas".
La responsabilidad social empresarial supone por consiguiente, que
la empresa se oriente no solo hacia la maximización de los beneficios
económicos, sino también al bienestar social y protección ambiental. Los
indicadores que hacen de una empresa socialmente responsable, se analizan tanto
en cuanto a las actividades externas como internas; en este sentido adquieren
relevancia aspectos tales, como la calidad de los productos y servicios que se
ofertan, la creación de empleos, la dimensión ambiental, la salud y seguridad
laboral, y los programas de promoción o comunicación a través de los medios.
Además de contribuir a la sociedad, a la conservación y protección
de los recursos naturales y al medio ambiente en general, la responsabilidad
social empresarial tiene también múltiples ventajas para la empresa pues
representa una inversión que repercute en beneficios financieros, produciendo
retornos en utilidades a largo y mediano plazo. También favorece la confianza,
refuerza la cultura de la empresa y hace corresponsables de la misma a los
trabajadores, lo cual permite que aumente la motivación hacia el trabajo.
Además, la empresa adquiere una buena imagen lo que se traduce en el apoyo de
la sociedad y así como de las Administraciones mediante el reconocimiento de
premios o incentivos fiscales.
III. La RSE: un “peldaño” más
sobre el cumplimiento de la Ley. ¿Necesidad de una regulación
jurídico-administrativa coordinada?
La RSE engloba como hemos apuntado anteriormente distintos
aspectos (económico, social/ética y medioambiental) y todos ellos tratan de
ofrecer argumentaciones sólidas para justificar la necesidad de introducir
aspectos de la RSE en la gestión empresarial.
A día de hoy ya casi nadie duda que la RSE no es exclusiva de las
empresas sino que también transciende al ámbito de las Administraciones
Públicas. Es decir, algunos temas relacionados con la RSE no son sólo de
carácter privado sino que entran en el terreno de lo público, tales como el
deterioro medioambiental, la educación, sanidad e higiene, etc.
Facilitar la cooperación entre diferentes grupos de interés de la
empresa o la identificación de soluciones prácticas a los problemas a través de
diálogos, así como informar, motivar e incentivar la participación de otras
empresas en los programas de responsabilidad empresarial, son algunos de los
temas centrales que se enuncian en el Pacto Global, que además contiene nueve
principios relacionados con los derechos humanos, los estándares laborales y el
medio ambiente; que establecen pautas de comportamiento responsable de la
empresa.
Los poderes públicos deben respaldar la iniciativa voluntaria de
las empresas mediante políticas adecuadas que fomenten este cambio social
empresarial, “reconozcan” a las empresas que se comportan de forma socialmente
responsable y les “premien” ya sea mediante licitaciones, créditos a la
exportación, sellos de reconocimiento, mejoras de aspectos fiscales, creación
de premios , etc.
Es por ello por lo que estamos de acuerdo con las tendencias
políticas que plantean la conveniencia de regular la responsabilidad social
empresarial, esto es, establecer un marco regulador en el que se establezcan
unas condiciones mínimas para aquellas empresas que voluntariamente quieren ser
socialmente responsables y en el que se establezcan políticas públicas de
incentivo o fomento con el fin de introducir mecanismos de control,
certificaciones y verificaciones fiables.
Desde nuestro punto de vista, esta regulación supone un paso muy
importante del legislador, ya sea estatal o autonómico, en el
reconocimiento a las empresas que voluntariamente son socialmente responsables,
es decir, que suben un peldaño más de lo estrictamente exigido por la ley
puesto que el cumplimiento de la normativa vigente no es algo que esté sometido
a debate.
El hecho de que se haya tardado en legislar sobre este tema parte
del amplio debate que suscita la responsabilidad social empresarial entre
voluntariedad versus obligatoriedad. El debate sobre si los gobiernos deberían
tener políticas más intervencionistas en RSE es continuo, pero debemos tener
claro que la responsabilidad no es exclusiva de un solo actor. Los
ejecutivos de los diversos países cada vez se encaminan más en esa dirección,
un claro ejemplo es Francia. Las empresas también reclaman una mayor atención
por parte de las Administraciones Públicas a esta materia, sobre todo en
fiscalidad.
El recurso a la técnica legislativa está aún por mejorar pero debe
ser una intervención de mínimos basada fundamentalmente en políticas de incentivo
a las empresas responsables socialmente, como por ejemplo la reducción de la
fiscalidad a las empresas que incorporen criterios de RSE, la concesión de
premios o un mayor control de la información que publican las empresas,
sancionándolas con cuantías elevadas a las que falseen las memorias de
sostenibilidad o de RSE.
Las Administraciones públicas tanto a nivel estatal, autonómico,
provincial y local tienen un papel regulador que les permite publicar leyes,
decretos, resoluciones, reglamentos u ordenanzas pero no es el único medio para
promover y facilitar la RSE
Otro medio con el que cuenta la Administración Pública para
impulsar y sensibilizar a la ciudadanía sobre RSE es a través de la educación.
Con ella se consigue una ciudadanía corporativa capaz de demandar a las
empresas que sean responsables socialmente so pena de sufrir un castigo o
rechazo social. Es decir, las organizaciones se sentirían muy presionadas por
su entorno en la exigencia de responsabilidad social.
En este escenario global, la cooperación pública-privada resulta
clave para incentivar el buen desempeño ambiental y social de las empresas, que
debería ser una de las metas prioritarias. Por su parte, la transparencia y
sencillez de los marcos regulatorios y de los instrumentos de gestión pública y
privada también requiere de un trabajo conjunto gobierno-empresa.
La Comisión Europea (CE) hizo pública, en octubre de 2011, la
Comunicación que anunciaba la estrategia renovada de la Unión Europea para
2011-2014 en materia de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). La
publicación presenta una nueva definición de la RSE, que entiende la misma como
“la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad” y fija un
plan de acción con horizonte 2014 con ocho líneas prioritarias.
La publicación de esta Comunicación ya había sido anunciada
previamente en la Estrategia Europea 2020 (en la comunicación de 2010 sobre
política industrial y en el Acta del Mercado Único), y con ella la
Comisión pretende “crear condiciones favorables para un crecimiento sostenible,
un comportamiento responsable de las empresas y la creación de empleo duradero
a medio y largo plazo”.
Dicho texto aporta cambios sustanciales respecto a la última
redacción en 2006 y actualiza la definición y el proceso de RSE, explicándolo
más profusamente. Ahora se precisa que la RSE es la responsabilidad de la
empresa en relación a sus impactos en la sociedad y aclara cómo tiene que
llevarse a cabo su introducción en la estrategia de las empresas y la
colaboración con los grupos de interés.
La nueva política de RSE propone una agenda de acción para el
periodo 2011-2014 que abarca ocho líneas de acción prioritarias:
1) Aumentar la visibilidad de la RSE y difusión de buenas
prácticas.
2) La mejora y el seguimiento de los niveles de confianza en las
empresas.
3) Mejorar la autorregulación: la Comisión propone trabajar con
las empresas y otras organizaciones para desarrollar un código de buenas
prácticas.
4) Recompensa de mercado para la mejora de la RSE.
5) Divulgación de la mejora de la información social y medioambiental
de la empresa: la nueva política confirma la intención de la Comisión de
presentar una nueva propuesta legislativa sobre este tema.
6) Una mayor integración de la RSE en la educación, formación e
investigación.
7) Destacar la importancia de las políticas de RSE nacionales y
subnacionales: la Comisión invita a los Estados miembros a presentar o
actualizar sus propios planes para la promoción de la RSE a mediados de 2012.
8) Alinear mejor los enfoques europeo y global de la RSE
Recientemente, el Parlamento
europeo ha aprobado, el 16 de abril de 2014, la Directiva de Infome no
financiero por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del
Consejo en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e
información sobre la diversidad en los consejos por parte de determinadas
grandes sociedades y determinados grupos. La misma supone un paso cualitativo
en materia de RSE ya que las empresas
tendrán que informar sobre las políticas, riesgos y resultados respecto a los
temas ambientales, sociales y relacionados con los empleados, el
respeto de los derechos humanos, así como las cuestiones de lucha contra la
corrupción y el soborno, y la diversidad en los consejos de administración.
En nuestro país son muchas y de gran interés las iniciativas que
también están siendo llevadas a cabo desde los gobiernos autonómicos y locales,
desde la sociedad civil y la universidad.
En los últimos años se ha producido un incremento de estándares,
regulaciones, de exigencias del mercado y de los inversores institucionales
En España, la regulación estatal de la RSE se contiene aunque de
manera somera en la Ley de Economía Sostenible de 4 de marzo de 2011.
El capítulo VI del Título I de esta ley, concretamente el artículo
39, hace referencia por primera vez en un texto legislativo a la
responsabilidad social de las empresas, aunque sin especificar ni prever
medidas concretas.
El texto legal establece que, con el objetivo de incentivar a las
empresas, organizaciones e instituciones públicas o privadas, especialmente a
las pequeñas y medianas y a las empresas individuales, a incorporar o
desarrollar políticas de responsabilidad social, las Administraciones Públicas
mantendrán una política de promoción de la responsabilidad social, difundiendo
su conocimiento y las mejores prácticas existentes y estimulando el estudio y
análisis sobre los efectos en materia de competitividad empresarial de las
políticas de responsabilidad social
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